El INDECOPI presenta propuesta normativa para regular el comercio electrónico en el Perú

Ander Consultores & Abogados

Fuente: INDECOPI

Santiago, 9 de abril de 2021.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), la autoridad de libre competencia y de protección del consumidor peruana, presentó, el 7 de abril recién pasado, un documento de trabajo, denominado «Propuestas para la protección del consumidor en el comercio electrónico y la seguridad de productos», mediante el cual se busca establecer un estándar mínimo de cumplimiento en las transacciones realizadas a través de canales digitales y su ejecución, así como garantizar la seguridad de los consumidores mediante el fortalecimiento de las instituciones y las medidas a adoptar frente al posible ingreso al mercado de productos de consumo que pueden representar un riesgo para los consumidores y reformular aspectos relacionados con el reconocimiento y allanamiento de las pretensiones, a fin de incentivar la solución de controversias sin la necesidad de que se inicie un procedimiento administrativo sancionador.

Dicho documento, que estará disponible para recoger comentarios hasta el próximo 27 de abril de 2021, se encuentra publicado en la web del Indecopi y puede ser revisado en este enlace:

Tal como lo señaló en su momento la presidenta del Consejo Directivo del Indecopi, Hania Pérez de Cuéllar, la pandemia de la COVID-19 aceleró el crecimiento del comercio electrónico en el Perú, que en solo seis meses de la emergencia avanzó el equivalente a cinco años de desarrollo, y por ello era necesario plantear una mejora del Código de Protección y Defensa del Consumidor a fin de regular la figura del comercio electrónico, pues hasta el momento no existen normas que regulen la relaciones de consumo online.

A través de esta propuesta normativa, trabajada por la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor (DPC), la cual se deberá implementar a través de una ley, se busca establecer un estándar mínimo de cumplimiento en las transacciones realizadas a través de canales digitales, así como garantizar la seguridad y salud de los consumidores frente al posible ingreso al mercado de productos riesgosos, e incentivar la solución de controversias entre empresas y consumidores. 

Entre las principales propuestas que se plantean en materia de comercio electrónico en beneficio de los consumidores tenemos:

Derecho de arrepentimiento: Se establece la facultad del consumidor de dejar sin efecto, unilateralmente, la compra o contratación de un producto o servicio, sin necesidad de justificar su decisión y sin penalización alguna, en un plazo máximo de hasta 15 días desde la recepción del producto o la contratación del servicio.

Seguridad de los productos: Se busca que los consumidores accedan a productos y servicios idóneos, que no los pongan en riesgo injustificado o peligro en condiciones de uso normal o previsible.

Intermediarios también serán considerados proveedores de servicios: La propuesta señala que los intermediarios, es decir las personas naturales o jurídicas que prestan servicios de intermediación física o a través de canales digitales estableciendo los términos y condiciones en la relación de consumo, que fijen el precio del producto o servicio ofrecido, también serán considerados proveedores de servicios.

Información veraz, clara y completa: La empresa o persona que vende productos y servicios a través de canales digitales debe informar al consumidor de manera clara y completa acerca de los términos y condiciones del contrato, las especificaciones del producto, plazos de entrega, garantías, precio total, fletes, entre otros.

Sanciones: Se incluyen algunas circunstancias atenuantes especiales para los proveedores que incurran en alguna infracción al Código de Protección y Defensa del Consumidor, y que reconozcan o se allanen ante las pretensiones del consumidor, de acuerdo con diferentes escenarios, a fin de incentivar la solución de controversias sin la necesidad de que se inicie un procedimiento administrativo sancionador.

Con la publicación de este documento de trabajo, se inicia una etapa de debate público respecto al establecimiento de normas que garanticen la protección de las y los ciudadanos que celebren contratos de consumo a través de canales digitales. Además, la propuesta aborda aspectos sugeridos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para potenciar la confianza y la seguridad de los consumidores.

Las instituciones públicas o privadas y la ciudadanía en general interesadas en enviar comentarios y aportes a este documento de trabajo pueden hacerlo a través del correo electrónico [email protected] hasta el próximo 27 de abril del presente año.

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